Preguntas frecuentes

No. La primera revisión del caso no tiene costo. Traiga lo que tenga — documentos, capturas, actas, resoluciones — y le decimos si conviene seguir, qué falta y en qué plazo está.

Si de esa revisión resulta que el caso no es viable, se lo decimos ahí mismo. Preferimos perder un encargo antes que iniciar un proceso que nace perdido.

Con el número de colegiatura. El estudio está dirigido por el Abg. Ronaldo Villegas Campos, CAL 78784, y esa inscripción es pública: puede consultarla en el padrón del Colegio de Abogados de Lima antes de escribirnos.

Recomendamos hacerlo siempre, con nosotros y con cualquier otro estudio. Un abogado que no se deja verificar no debería representarlo.

Sí. La sede está en el Cercado de Lima y el estudio también atiende en Amazonas y en el resto del país. Buena parte del trabajo procesal se realiza por la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y las audiencias se celebran por videoconferencia.

Para diligencias que exigen presencia física se coordina con anticipación y se le informa el costo antes, no después.

Depende de la materia, de la complejidad y de la etapa en que esté el caso. Lo que sí es fijo es el método: los honorarios se definen por escrito antes de empezar, con el detalle de qué incluye y qué no, y de qué gastos corren por cuenta del cliente (tasas judiciales, cédulas, peritajes).

No trabajamos con presupuestos verbales.

No, y desconfíe de quien se lo garantice. El resultado de un proceso depende de la prueba, del criterio del juzgado y de circunstancias que ningún abogado controla.

Lo que sí podemos comprometer es el diagnóstico honesto al inicio, el trabajo técnico y la información real sobre el estado del expediente, incluso cuando la noticia es mala.

No necesariamente. La herramienta es una orientación construida sobre el supuesto general de cada materia; no conoce su caso. Existen reglas de suspensión e interrupción de la prescripción, fechas de inicio discutibles y vías alternativas que pueden seguir abiertas.

El caso opuesto también ocurre: la calculadora puede indicar que está dentro del plazo y que en su situación concreta el cómputo haya empezado antes. Por eso el resultado siempre termina en la misma recomendación: consultarlo.

Todo lo que tenga, aunque parezca irrelevante y aunque esté incompleto. DNI, contratos, actas, resoluciones notificadas con su cargo de notificación, boletas, historia clínica, atestado policial, conversaciones de WhatsApp.

El dato que más necesitamos suele ser el más simple: la fecha exacta del hecho y la fecha en que le notificaron. De esas dos fechas depende casi todo lo demás.

Lo que nos cuente en la consulta está amparado por el secreto profesional del abogado, exista o no encargo posterior.

Sobre datos personales, el tratamiento se rige por la Ley 29733 y su reglamento. En la política de privacidad explicamos qué datos recogemos, para qué y cómo ejercer sus derechos.